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Amparo y cautelar para impedir la privatización del puerto de San Nicolás

Buscan que se declare la inconstitucionalidad del decreto que dio lugar a la creación del Consorcio de Gestión del puerto de San Nicolás. La presentación legal es ahora materia de análisis en el Tribunal de Trabajo Nº3 de La Plata.

En conjunto advirtieron que “peligra la estabilidad laboral” de los trabajadores y a la espera de la decisión por la medida cautelar presentada, La presentación del amparo se realizó en la sede de la CGT de San Nicolas y tuvo el apoyo de la Mesa Intersindical Portuaria, desde donde consideraron, que la medida “limita el desarrollo productivo de la ciudad”.

El argumento más fuerte de la presentación tiene que ver con la inconstitucionalidad de la medida, ya que fue implementada por la vía del decreto, que no puede modificar condiciones que deben ser reguladas por Ley.
“la Acción de Amparo se argumenta en que la creación del Consorcio, mediante Decreto, constituye una violación al Principio de Legalidad previsto en el artículo 31 de la CN, toda vez que un decreto no puede modificar condiciones que deben ser reguladas por Ley. Además se comete una violación de la garantía constitucional de estabilidad del Empleado Público, a contramano de lo que dicen las autoridades provinciales y nacionales.

Peligran fuentes de trabajo, y como bien citó la Senadora Cecilia Comerio, que lleva adelante ésta lucha, “como legisladora estoy acompañando a los trabajadores y trabajadoras, pero también al resto de la sociedad nicoleña, ya que la privatización del Puerto limita el desarrollo productivo de la ciudad”. Además analizó que “la gobernadora copió el decreto de conformación de creación del consorcio de gestión privada que utilizó en Dock Sud y esto hace que las reglas no queden claras debido a que nuestro puerto no tiene las mismas características que el mencionado”.

La gobernadora Vidal, con la creación del consorcio de gestión por decreto, y la confirmación también por decreto de Negro como director del consorcio, le da vía libre no sólo a una privatización encubierta del puerto, sino además deja en manos del puerto a apellidos con importantes causas judiciales al mando del mismo.

¿En manos de quién queda el puerto?
El puerto y otro negocio redondo y servido a sospechados de ser cabeza de asociación ilícita y narcotráfico. El ex intendente Ismael Passaglia (actual funcionario de Cambiemos) su hijo Manuel Passaglia (actual intendente de San Nicolás), su sobrino Juan Manuel Ondarcuhú (Terminales y Servicios, recientemente allanado, embargado e inhibido por la causa Caballo Suárez) e Iván Cairo, que como refieren medios colegas, (mano derecha de JMO y jefe de compras del hotel Colonial); todos ellos señalados por infracción a la ley de drogas y asociación ilícita, secuestrándose hace poco importante documentación en la escribanía Torroba de San Nicolas, que muestra el armado de sociedades, la relación entre los investigados y su accionar presuntamente delictivo, entre todos, y donde además aparece el vinculado empresario a la naviera “MARUBA” ya con varias investigaciones en su haber por adjudicaciones digitadas desde diversas áreas del Estado Nacional, naviera que realizaba importación de buques con tripulación extranjera para realizar tareas solo permitidas a marinos argentinos y hasta denuncias de transporte de sustancias prohibidas en las bodegas de sus buques.

En la presentación estuvieron presentes los siete gremios portuarios, el Secretario general APDFA, Sergio Shutte, Martín Ricardini de SUTPA, Fernando Baer (UOCRA) y Hugo Hollman (UOM) de CGT, los concejales Germán Jaime y Muriel Engelbrecht, el consejero escolar Marcelo Coronel, y contó con la presentación de trabajadores, demostrando el apoyo del sector a la medida cautelar y manifestando la preocupación por los trabajadores portuarios nicoleños y el futuro del Puerto.

El equipo de abogados de la Senadora, argumentaron que “se vulneró la facultad del poder legislativo arrogada por el poder ejecutivo de crear consorcio. Por eso requerimos que se vuelva al estado de situación anterior y se declare inconstitucional el decreto”.

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