El Gobierno bonaerense oficializó la Ley 15.005, que impone al Poder Legislativo la obligación de organizar la Policía Judicial, quedando así derogada la Ley N° 14.424 que había sido promulgada en el 2013.
Desde ahora, los fiscales de la provincia de Buenos Aires contarán con un “detective” para colaborar en la investigación de delitos y habrá una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, que analizará las pruebas.
Sabido es que el poder judicial en la ciudad de San Nicolás, ha sido siempre un ámbito de competencia de poderes, donde los políticos poderosos colocan a sus hijos, nueras y amigos y de ésta forma la neutralidad jurídica nicoleña se ha visto siempre condicionada. Cada uno pone al suyo y a más de uno, y es el poder quién decide en que causas avanzar, cajonear o no informar. De ésto se sabe y se dice mucho en la ciudad, empezando por el fiscal general, mano derecha en cuestiones judiciales del ex intendente de San Nicolás.
La ley crea la figura del detective en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa y también se crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte para la instrucción de causas con delitos de mayor impacto y transcendencia social.
La norma prevé además la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.
Foto ilustrativa. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.
