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Vidal y Conte Grand acusados de espionaje

Vidal, Conte Grand y Asuntos internos de la Bonaerense. Un combo de de espionaje, cadena de mandos y entramado de inteligencia.

La investigación se centra en tareas de espionaje a cargo de Asuntos Internos de la Bonaerense sobre intendentes, fiscales y jueces. La cadena de mando podría terminar en la ex gobernadora y el Jefe de Fiscales acusado de presionar por fallos.

En el marco de una causa por presuntos actos de espionaje y tareas de inteligencia sobre intendentes, fiscales y jueces, la fiscal Cecilia Corfield llamó a indagatoria a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos durante el gobierno de María Eugenia Vidal, para el próximo 29 de junio.

Acorde a la denuncia que recibió el fiscal, Berra y su conyugue, María Rosario Sardiña que tenía a cargo la dirección de Auditoría Patrimonial, realizaron entre 2016 y 2019 “tareas de inteligencia sin intervención judicial respecto, obteniendo información y almacenamiento de datos sobre personas físicas y jurídicas por fuera de sus actividades administrativas”.

investigación y espionaje. La lista de personas físicas y jurídicas investigadas, según la denuncia, es extensa. Va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios, como José C. Paz, Berazategui, Lincoln, Tres Arroyos. También se incluye entidades intermedias y empresas privadas.

En cuanto a los objetivos físicos, aparecen Sergio Maldonado, el hermano del joven que sufrió la desaparición forzada, el intendente de la Matanza Fernando Espinoza, el ex juez César Melazo y el Jefe Comunal de José C. Paz, Mario Isshi y funcionarios del poder judicial.

La fiscalía a cargo de la investigación busca desentrañar el entramado de inteligencia, cuyas terminales serían el procurador Julio Conte Grand y la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En octubre del año pasado, se encontraron indicios de actividades de inteligencia a más de un centenar de personas, sobre las que se dispararon órdenes de servicio para que se proceda a realizar “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos” en determinadas zonas, según fuentes de tribunales.

Según consta en el expediente, las pesquisas arrojaron que en un allanamiento en las computadoras surgieron una gran cantidad de evidencias de las tareas de inteligencia, incluso con la utilización de vehículos oficiales y aparato del Estado.

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