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Caso "Spoltore", la demora del Tribunal de Trabajo Nro. 2 de San Nicolás y la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Denuncia por incumplimiento del "derecho humano a las garantías judiciales" y los plazos razonables

Denuncias ante la CIDH. Caso Spoltore y ProchemBio. Inadmisibles demoras de Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y los Tribunales de la ciudad de San Nicolás.

El "Foro Medio Ambiental de San Nicolás" –FOMEA- junto a las asociaciones "Cuenca del Río Paraná" y "Generaciones Futuras" se presentaron como amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La presentación se realizó en el caso “Spoltore Vs. Argentina”, luego de la audiencia celebrada en Costa Rica el 5 de febrero pasado, en ese caso que tramita ante el tribunal internacional se imputa al Estado argentino por el incumplimiento del “derecho humano a las garantías judiciales” establecidas en el artículo 8, en particular por la falta de resolución en “plazo razonable" de las causas judiciales que llegan a conocimiento de los "jueces locales".

EL caso se encuentra en etapa de sentencia ante la Corte IDH, allí se juzgaran las inadmisibles demoras de Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en particular de los Tribunales del Trabajo, donde se ventilan las causas laborales. La denuncia inicial ante ese organismo internacional la radicó el Sr. Victorio Spoltore que se había presentado ante los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde litigó durante más de diez años. Finalmente el Sr. Spoltore falleció sin encontrar una justa solución de su reclamo laboral. Varios casos similares, con idéntica gravedad, se registran en los Tribunales de nuestra ciudad.

La figura de "amicus curiae" o "amigos del tribunal" permite a las asociaciones civiles o personas individuales aportar información a un Tribunal para que la pueda considerar al momento de dictar sentencia. Haciendo uso de esa herramienta legal FOMEA se sumó al caso "Spoltore Vs. Argentina" y puso en conocimiento de la Corte IDH las demoras que se registran en los Tribunales del Trabajo de San Nicolás, entre otras causas judiciales informaron detalladamente el estado del amparo ambiental "Foro Medio Ambiental c/ Prochem Bio SA" de trámite en el Tribunal de Trabajo Nro. 2, integrado por los Jueces Paula Capucchio, Eduardo Óscar Viale y Jesús María Pini. También aportaron a esa Corte la existencia de un listado extenso con otras causas que se encuentran demoradas en ese fuero local.

El amparo ambiental contra “ProchemBio” es uno de los motivos de la presentación de FOMEA ante la Corte IDH, esa causa judicial debió ser resuelta en forma rápida y eficaz dado que esa es la característica principal de la acción de amparo judicial. En lugar de actuar prontamente el Tribunal del Trabajo Nro. 2 lleva más de cuatro (4) años de trámite y cuando tuvo la obligación de dictar una decisión que resuelva el conflicto no lo hizo y arbitrariamente decidió ordenar una innecesaria nueva pericia y así postergar su obligación legal de resolver mediante el dictado de una sentencia definitiva, incumpliendo la garantía de resolución en “plazo razonable”.

No es la primera oportunidad que el Poder Judicial de San Nicolás es motivo de queja ante la Organización de Estados Americanos -OEA- el Foro Medio Ambiental de San Nicolás en noviembre de 2018 denunció las demoras e irregularidades cometidas en la causa "Atanor", esa denuncia se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - petición principal -P-2749-18-., por eso esta nueva presentación que involucra ahora al amparo ambiental contra “Prochem Bio” es el segundo conflicto ambiental de nuestra región que llega al tribunal internacional.

En la audiencia celebrada en el caso "Spoltore Vs. Argentina" quedó acreditado el incumplimiento de la garantía de resolución en plazo razonable por parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por lo que las asociaciones intervinientes, los profesionales que los representan y los familiares de los afectados tienen la fundada expectativa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impute al Estado argentino por violación de ese derecho humano, condene a la reparación del daño y a la adopción de medidas eficaces que permitan el correcto funcionamiento del Poder Judicial.

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