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Fuerte denuncia por daños y perjuicios, mobbing laboral y discriminacion contra el CGPSN y su presidente Antonio Negro

Inquietud en las autoridades portuarias por su responsabilidad ante las denuncias

No llaman la atención las actitudes misóginas de Negro y quienes componen el Consorcio de Gestión del puerto local ni tampoco las habitualidades en el desprecio, en este caso a una profesional portuaria. El mobbing es una derivación de la violencia laboral que convierte en este caso y a éstas autoridades en hostigadores de los derechos personalísimos de los trabajadores. Esta derivación de la violencia laboral cada vez reconoce más afectados que se esfuerzan por encontrar respuestas en el sistema jurídico.

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Una demanda por incumplimiento y ejecución de convenio de trabajo, discriminación laboral, mobbing laboral y daños y perjuicios, ha sido denunciada ante la justicia teniendo como protagonistas directos al Consorcio de Gestión del puerto de San Nicolás y su presidente, Antonio Negro. Y es en virtud de los expuesto, que la demandante solicita se ordene al Consorcio de Gestión Puerto de San Nicolás cumplir con los convenios vigentes.

La misoginia, el abuso de poder, el mobbing laboral, y la discriminación constituyen una forma de actuar de éstas personas en sintonía con el poder político local, que se vale de iguales actitudes y formas de proceder.

El CGPSN, afirma la letrada Viviana Di Paolo y víctima de los mismos, no cumplió con los convenios vigentes y en su accionar no se respetó ni antigüedad, ni acreditaciones profesionales; por el contrario, se desató sobre ella un claro destrato profesional y personal, siendo víctima de una discriminación peyorativa por ser mujer y en los hechos, una grave discriminación laboral.

En virtud del derecho que acuerda la ley 15.057 esta parte demanda al CGPSN por:

a. Incumplimiento falta de ejecución- de los convenios 24/75 y 164/75 (incumplimiento de los mismos) código 232

b. Diferencias salariales código 219,

c. Discriminación peyorativa y mobbing laboral (materia a categ.) 279

d. Daños y perjuicios- materia 209.

Cabe señalar que el CGPSN viene recaudando fondos en sus cuentas desde el mes de julio del 2019 y en este sentido, el consorcio de gestión como asociación simple, genera responsabilidad entre todos sus directores, situación que ha inquietado a las autoridades portuarias y por supuesto que no ven con buena cara respetar la individualidad que como mujer portuaria viene desarrollando la denunciante.

Di Paolo sostiene en su demanda que existe violación del derecho personalísimo a la intimidad, derecho personalísimo a la sociabilidad, integración y no discriminación, derecho a la libertad y enlazado a este derecho el “menoscabo y el retardo en el cumplimiento del proyecto de vida”, plan personal de realización que pertenece a la esfera más entrañable de la persona.

La actora gracias a las acciones de Negro, quedó en el último nivel posible de la escala, cobrando entre los haberes más bajos que paga el consorcio, sin tener en cuenta la condición de profesional del derecho y además por denunciar discriminación y mobbing laboral, solicita el tratamiento por proceso sumarísimo (321.1 CPCCBA) a los efectos de reparar con urgencia los derechos afectados.

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Al CGPSN se lo denuncia por blandir abuso de poder, mala fe, violar los derechos amparados en la Constitución de la provincia y la clara intención de perjudicar a esta trabajadora portuaria. En este sentido es la propia demandante la que denuncia que Negro y su equipo han tomado personal desde la puesta en marcha del consorcio, ignorando lo ordenado por los convenios colectivos de trabajo 24/75 y 164/75, lo que además de constituir una falta grave, viola derechos amparados por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que, en su artículo 39º, protege los derechos del trabajador y alienta el derecho al Progreso del mismo.

"La demandante solicita que los Jueces dicten con carácter de Urgente una medida de no innovar referente a los ingresos de personal, retrotrayendo las medidas adoptadas por el CGPSN"

Estos protagonistas del Consorcio de gestión que van llegando a su final, han llevado al límite una actitud abusiva del derecho, que no sólo lo hace ilegal, sino que es acompañado por estrictas órdenes políticas la ciudad. Todos sabemos la ignorancia de los miembros del consorcio sobre la cuestión portuaria, ya que nunca estuvieron calificados para tal función, pero que responden acabadamente a órdenes sin moral proveniente de la política local que como todos sabemos, son parte interesada en llevar adelante más negocios en el puerto.

De no alcanzar justicia en el plano nacional, -agotada todas las instancias - manifiesta Viviana Di Paola, hago reserva de recurrir a tribunales supranacionales en virtud de lo dispuesto en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (artículo 14 inc. 5) sin perjuicio que el artículo 2 del Protocolo Facultativo del pacto (ratificado en Argentina) el que establece: “todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité (Comité de Derechos Humanos –art. 28) una comunicación escrita.-

Con las Mujeres no, Negro.

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