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Usura en los supermercados. Aumentos, precios y la dictadura del mercado

La guerra de los precios

Es hora de regresar a la ley, al Estado de Derecho pleno, y proceder.

Alejandro C. Tarruella. Unos 15 mil comercios, gran parte cadenas de supermercados dedicados a la usura sin control de los formadores de precios, los aumentos en productos de primera necesidad, en lo que va del año, rondan casi el 30 por ciento. A los empresarios que realizan ese ataque sin pausas a la sociedad, no les interesa ni el gobierno ni el Estado de Derecho.

No presentan los precios cuidados que da el gobierno y utilizan nuevas tácticas para encubrir los aumentos: en muchas góndolas dejan de poner precios como corresponde para que la gente que está apurada, compre sin observar precios. De hecho, han instalado una práctica: el cobro de intereses en tiempo real sobre pago al contado. Así, el cliente no compra productos sino aumentos.

El aumento desmedido hace de hecho que el interés generado por el mismo opere como un interés sobre pago contado en tiempo real. Los economistas del sistema, que cacarean en los medios, jamás hacen observar este despojo. De ese modo, el sistema de Precios Cuidados que rige en Coto, Censocud (Jumbo, Disco y Vea), La Anónima y Carrefour, de la ASU (Asociación Supermercados Argentinos) opera sin ley ni normas que valgan y no se los ve. Hay que sumar ahí a los chinos que también aumentan sin pausa aunque en otra escala.

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Parte de los super y los comercios pequeños que usan tarjetas tienen que cargar a los costos la usura de lo que cobran los intermediarios del sistema financiero. Y es ahí donde debe actuar el gobierno.

Es imposible que el comprador sea sometido a la usura del comercio, el sistema supermercadista, más la de los proveedores de sistemas financieros, más la de los bancos. El comprador así está bajo una dictadura sostenida en la negación de los derechos que le asisten.

Se necesita un sistema de controles con centro en los intereses de la ciudadanía y el pueblo, y una producción ampliada desde pymes y empresas nacionales, que comiencen a quebrar el poder de los usureros. La Tarjeta Alimentaria es un recurso útil a la hora de controlar, auditar y generar herramientas legales para acabar con la dictadura de mercado que ejercen los formadores de precios. Algo semejante se precisa para acabar con el festín de los laboratorios y su guerra de precios a la población.

La banalización de la tragedia puesta en términos de vida cotidiana, cierra el círculo de la voracidad del capitalismo financiero, que opera así la creación de un sistema de regulación que no tiene ya clientes sino sospechosos y prisioneros de sus necesidades.

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