Las causas judiciales que le quitan el sueño a María Eugenia Vidal y a sus funcionarios.
A punto de dejar el poder, María Eugenia Vidal y buena parte de los funcionarios miran de reojo a los tribunales federales y los bonaerenses, donde los esperan para dar explicaciones.
La administración de María Eugenia Vidal centró buena parte de sus esfuerzos en dar una imagen de transparencia y honestidad que puede venirse abajo si prosperan una serie de causas, de distintos fueros, que la tienen en la mira, junto a sus principales funcionarios, legisladores, intendentes y funcionarios de menor rango.
Incluso aquellas acusaciones e investigaciones que perdieron peso en la agenda y parecieron diluirse en los pasillos de la Justicia tienen, como los salarios de los trabajadores públicos, “cláusulas gatillo” que pueden reactivarlas en cualquier momento. Especialmente ahora que tanto Macri como la Gobernadora no se sientan en sillones ejecutivos.
Aportantes truchos
La más conocida de las causas es la que tiene que ver con los “aportantes truchos” de Cambiemos. En 2017 y 2018 surgieron denuncias respecto de los supuestos aportes “voluntarios” de ciudadanos beneficiarios de planes sociales que, por sus características socioeconómicas, difícilmente podrían haber hecho aportes a las campañas de Cambiemos.
Se comprobó que al menos 500 personas figuraban como aportantes a la campaña de Cambiemos, con montos de entre 300 y 1500$ en algunos casos; Algunos figuraban como afiliados al PRO, sin saberlo. Diario la Verdad reveló hasta los montos con lo que contribuyeron los funcionarios del gobierno de San Nicolás y las empresas contratistas, lobistas y cartelistas de la ciudad para ser beneficiados con la obra pública y los sobreprecios, sin olvidar que también figuraron en esa lista como aportantes, el hoy elegido intendente, su papá y el diputado, todos de apellido Passaglia.
Por eso se radicaron denuncias en los tribunales federales de La Plata, en las que se apuntó directamente al rol de María Eugenia Vidal en tanto presidenta del PRO. “Usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad” son las causas.
Los delitos que se atribuyeron a la Gobernadora son de índole penal: “Usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad”.
El furioso lobby de Cambiemos impidió, sin embargo, que la investigación tramitara en ese fuero. Así terminó en el fuero electoral, más precisamente en manos del juez Adolfo Gabino Ziulu. Nadie entiende por qué el magistrado no se expidió aún, aunque la ley es bastante clara: a Vidal y a María Fernanda Inza, tesorera del partido, les correspondería la inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.
Inza fue imputada por la Justicia Federal y Vidal la echó de la Contaduría General de la provincia, cargo en el que la designó la gobernadora afirmando que era su "mano derecha". De ésta y por ahora Vidal salió ilesa.
La posibilidad de que la investigación vuelva al fuero penal no está descartada. De hecho, la Cámara Nacional Electoral, al definir la cuestión de competencias que se planteó entre los jueces federales Kreplak y Ziulu, dictaminó que el traslado al fuero electoral “no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos”.
