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¿Qué es la extinción de dominio?

Es un término utilizado para referirse a una forma en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito. “Generalmente, se trata de las ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína), pero también puede abarcar otros casos (por ejemplo, los autos utilizados para trasladar la droga)”, explicaron en esta nota Agustín Carrara y Martina Cirimele, miembros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

La idea de esta herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. Mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos. Leyes similares se han implementado en otros países, como en Colombia, México y los Estados Unidos.

¿Por qué fue cuestionado el proyecto aprobado en Diputados?

De acuerdo con el texto que trató la Cámara baja, el proceso de decomiso sería iniciado por el fiscal en paralelo con la causa penal y durante el proceso civil, sin que haya una condena, se podría revertir la carga de la prueba, es decir que el acusado estaría obligado a justificar su patrimonio en lugar de suponer su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, como ocurre normalmente, debido a la vigencia del principio de inocencia que la Constitución Nacional consagra en el artículo 18.

Rodolfo Urtubey, senador del Bloque Justicialista y autor de un proyecto alternativo, señaló que el texto aprobado por Diputados “invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar” la vinculación entre los bienes y el delito. Y agregó que “el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción, algo que no se condice con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.

¿Qué proponen los distintos proyectos en debate?

Existen tres alternativas que tratará el Senado. Un proyecto elaborado por los senadores Federico Pinedo y Humberto Schiavoni (PRO), una iniciativa presentada por el senador Urtubey (BJ) y, por último, un proyecto de la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV).

El proyecto del oficialismo (Pinedo y Schiavoni) sostiene que la extinción de dominio es una acción civil que va por fuera del proceso penal y que estará a cargo del Ministerio Público Fiscal. Establece que para que proceda la acción de extinción de dominio en el fuero civil tiene que existir en el proceso penal un procesamiento confirmado por la Cámara de alguno de los delitos que el proyecto prevé: actos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de dinero. El recupero de los bienes puede producirse antes de una condena penal.

El proyecto del BJ, por su parte, estipula que debe existir una acción civil pero que se tramita dentro del fuero penal. Determina, además, que es la Procuración del Tesoro de la Nación la que tiene a cargo la acción de impulsar la extinción de dominio y sostiene que esta acción puede aplicarse sólo cuando existe una sentencia condenatoria de primera instancia. Es decir que con este texto la sentencia que establece el recupero de bienes se dicta en el mismo momento que se dicta la sentencia penal condenatoria, aunque no se espera que esté firme.

El proyecto del FPV tiene algunas coincidencias con los dos anteriores. Sostiene que la acción debe estar a cargo de los fiscales, como pide el oficialismo, y establece que la acción civil debe tramitar dentro del fuero penal, como propone el peronismo. También coincide con el Justicialismo en que la sentencia de extinción de dicta al mismo momento que la condena.

El FPV, además, pidió que también se aplique la extinción de dominio para los delitos económicos y financieros (como la utilización indebida de información privilegiada) y que se incluya expresamente a los “corruptores” de funcionarios públicos en los casos de delitos contra la administración pública. En los otros proyectos, aunque no se los menciona en forma expresa, estarían incluidos porque los textos no hablan exclusivamente de una acción contra funcionarios sino sobre personas que cometan los delitos señalados (vinculados con corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de persona y lavado de dinero).

Foto: Ilustrativa

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