Se revoca el archivo de la causa penal contra MOTOMEL

Una resolucion de la Camara Federal de Rosario revoca el archivo de la causa penal contra MOTOMEL por probable contaminación al cauce del Arroyo del Medio, curso de agua que es el límite que divide las provincias de Bs. As y Santa Fe.

La resolución es muy clara.
En Junio de 2016 el Juzgado Federal Penal de San Nicolas nro. 2 habia ordenado archivar la causa y los letrados no se quedaron de brazos cruzados, fueron a la Cámara en Apelación y finalmente la Cámara les dio la razon y ordena continuar con la investigacion penal para poder determinar, si como se sospecha, Motomel contaminó con zinc y cromo ese arroyo interprovincial.

Etsa causa constituye un gran avance en la procura de adecuada protección del medio ambiente.

En el mismo sentido, vale mencionar una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos, donde establece claramente, que la tutela ambiental, es base esencial para el goce de cualquier derecho humano.

OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS San José, Costa Rica, 7 de febrero de 2018.
Vale destacar:

La Corte Interamericana estableció las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente.

Particularmente, determinó que los Estados deben:
– prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción,
realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos;
– actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica;
– cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos;
– garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente;
– garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente,
y – garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente.

La Corte recordó, demás, que conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva.

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