Los 92 diputados de la provincia de Buenos Aires hicieron públicas sus declaraciones juradas tal como lo estipula la ley Nº 15.000.
Por primera vez se encuentra disponible para toda la ciudadanía la información relativa a las declaraciones juradas de bienes de los 92 integrantes de la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires, que ahora es pública.
Se cumple de ésta manera con la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales integrales a todos los funcionarios y agentes del sector público de la provincia de Buenos Aires.
¿Serán del todo ciertas esas declaraciones juradas? es lo que muchos se preguntan. ¿Podrán algunos diputados justificar sus bienes o alguna de las figuras legales elegidas estratégicamente ocultan la forma en que obtuvieron su patrimonio?
¿Qué pasa si se descubre que un diputado tiene más que lo que declaró?
El fin de una declaración jurada es su presentación ante autoridades judiciales o administrativas y su falsedad supone un delito de perjurio.
La falsedad de los datos se encuentra tipificada en el tercer párrafo del artículo 268 del Código Penal.
“Será reprimido con presión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua, al que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar datos que las referidas declaraciones juradas deban contener, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
